La continuidad de la distribución eléctrica en el ámbito político obstaculiza la creación de incentivos para que las EDE operen eficientemente sin la necesidad de subsidios gubernamentales.

Santo Domingo, República Dominicana.- Las pérdidas totales de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) de República Dominicana han alcanzado un nivel preocupante, ascendiendo al 37.1% de la energía comprada durante el primer trimestre de 2023.

Esto se traduce en una pérdida de 37 pesos por cada 100 pesos de energía adquirida, de acuerdo con el último informe de desempeño publicado por el Ministerio de Energía y Minas.

Al finalizar marzo de 2023, se determinó que la energía adquirida, pero no facturada, ascendía a 1,297.6 GWh. En contraste con la energía comprada durante este mismo período, que ascendió a 3,947.6 GWh, esto representa una pérdida de 32.9%.

Por otro lado, durante este trimestre las EDE lograron cobrar 2,538.3 GWh de los 2,650.0 GWh facturados, dejando una diferencia de 111.6 GWh de energía no cobrada, equivalente a un 4.2%. Ambos porcentajes suman el 37.1% de las pérdidas totales acumuladas en este periodo.

Los datos denotan una disminución en el porcentaje de energía no cobrada, atribuida a un incremento en los cobros de energía de las empresas EDESUR y EDENORTE durante marzo, según un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)

Aunque se observa una tendencia de disminución en las pérdidas de energía de las EDE comparado con el cierre del 2022, las pérdidas acumuladas a marzo de 2023 todavía superan los niveles registrados en 2019 (30.5%).

La continuidad de la distribución eléctrica en el ámbito político obstaculiza la creación de incentivos para que las EDE operen eficientemente sin la necesidad de subsidios gubernamentales.

La reforma del sistema de distribución debería ser la principal meta en la política pública energética, con el propósito de reducir la carga financiera que representan las transferencias corrientes para cubrir el subsidio de las EDE en las finanzas públicas.

Esto podría ayudar a disminuir la demanda de recursos que actualmente se cubren a través de los impuestos de los ciudadanos o a futuro en forma de deuda pública, según interpreta la entidad.